Fruto del procedimiento de familia, devengado por una crisis matrimonial que desemboca en la separación o el divorcio, habidos hijos en el matrimonio, es frecuente el establecimiento de una pensión de alimentos propia a cargo del alimentante, esto es, la persona obligada a proveer la pensión, en favor de los hijos que ocupan la posición de alimentistas. Dicha pensión de alimentos establecida mediante la oportuna sentencia con la que culmina el procedimiento de familia, tiene una duración determinada. Habrá ocasiones en las que el órgano de enjuiciamiento fijará en el propio fallo de la sentencia el término de dicha pensión. Pero, de manera frecuente, no suele indicarse el periodo de finalización de la misma.

El momento de la sucesión hereditaria es, sin duda alguna, un momento complejo, cargado de profundos sentimientos, a menudo en contradicción, y cuyo conflicto acaba chocando con las decisiones razonables a nivel patrimonial, puesto que la aceptación de un caudal hereditario no siempre implica de forma aparejada el incremento de la masa patrimonial que posee una persona.

A nadie le cabe la menor duda de la dureza que implican las distintas crisis matrimoniales que regula nuestro Derecho. Cuando una relación matrimonial se ve avocada a su final, el legislador, conocedor de las fuertes implicaciones emocionales que surgen en una situación como esta, ha procurado, con el objeto de actuar de una manera cautelosa y cuidada, sobre todo cuando, de la unión marital que llega a su fin, dependen hijos menores, dotar a ambos cónyuges de los mecanismos necesarios para llegar a un acuerdo que facilite su vida en solitario y provea una regulación a las posibles relaciones de interdependencia que sobrevivan entre ellos. Es aquí donde entra la función primordial del convenio regulador.